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La Resolución IGJ (G) Nº 2/2012 del organismo dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establece que, a partir del 1 de marzo de 2012, será obligatorio cumplir con el trámite de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que, al momento de la constitución o con posterioridad, reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los 100 mil pesos, o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, en un período de 30 días.
El trámite deberá realizarse al momento de solicitar autorización para funcionar y con cada presentación de estados contables.
En los casos que la cifra supere los 200 mil pesos, se deberá presentar además la documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos.
A su vez, la medida establece la obligatoriedad de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente -incluida en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011- "por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones".
Tal declaración jurada deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la sociedad, la autorización para funcionar o con cada cambio de autoridades.
Sociedades de capitalización y ahorro
En tanto, la Resolución IGJ (G) Nº 1/2012 dispone para estas sociedades la obligatoriedad de presentar anualmente una declaración jurada de información "sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo". La medida se hará efectiva a parir del 1 de marzo próximo.
